CRIMENES DEL PUTUMAYO: 100 AÑOS DESPUES

Los crímenes del Putumayo y el papel de caucheros como Julio C. Arana en el exterminio de indígenas ha entrado en el debate público de estos días en Loreto.Para hoy se programó un homenaje a las victimas de este genocidio, con una sesión solemne en la Maloca del Instituto Superior Pedagógico Loreto. La apertura de la sesión estará a cargo del alcalde de Punchana, Joiner Vásquez Pinedo, el discurso de orden fue encargado a la alcaldesa de San Juan Bautista, Mirna Villacorta mientras que el cierre de la sesión lo hará el alcalde de Belén, José Vela García.

Según la nota sobre estos acontecimientos, publicada en el diario Pro&Contra:

El nueve de agosto de 1907, el periodista Benjamín Saldaña Roca, denunció ante el Juzgado del Crimen de Iquitos, la matanza de pobladores indígenas realizada por funcionarios y operadores de la Amazon Peruvian Co., propiedad de Arana. Se calcula, según fuentes de historiadores e investigadores, que las v´citimas sumaron entre 30 y 60 mil indígenas, víctimas de asesinatos, torturas y otras vejaciones.

A pesar del número de víctimas y la crueldad de las torturas verificados con abundantes testimonios y pruebas forenses y judiciales, nunca se sancionó a la empresa ni a su propietario. El juicio se perdió y los crímenes quedaron impunes en la historia. Saldaña denunció ante el Juzgado del Crimen de Iquitos a la empresa de Arana que explotaba a los indígenas, principalmente Huitotos y Ocainas, como mano de obra barata en sus caucherías en el Encanto y la Chorrera.

Desde que Benjamín Saldaña, propietario de los quincenarios La Felpa y la Sanción, de Iquitos, denunció a la empresa Amazon Peruvian Co. y a su propietario Julio César Arana, estos fueron foco de atención de algunas autoridades locales e instituciones nacionales y extranjeras. Por ejemplo la prensa y la Liga Antiesclavista de Inglaterra desató una campaña mediática y diplomática contra lo que se sabía eran prácticas normales en aquella empresa: la explotación, la tortura y los asesinatos contra la población indígena. Incluso la Iglesia Católica censuró y denunció públicamente los hechos a través de una Encíclica Papal.

Por su parte, el columnista Jorge Pérez Reátegui plantea en el último número del quincenario iquiteño Loreto Hoy (disponible ya en la web):

La historia registra uno de los deplorables momentos que vivio la humanidad; en tanto se ha levantado el odio y el salvajismo contra el derecho a la vida de habitantes originarios de la selva peruana. Algunas veces, el despertar de la razon ha inventado la realidad en permision de la literatura ofuscadora y asistida por la avidez de los operadores de la economia de mercado, por la administracion de justicia de la epoca del caucho en el Peru; asi como de los defensores del arbitraje de la iglesia catolica que propicio aquellos crimenes en un territorio que estuvo en litigio entre Peru y Colombia en el ano 1912.

Actualmente, los incriminados individual y directamente estan muertos: Julio C. Arana, mercaderes, gobernantes, operadores de justicia y ortodoxos de antano; el proceso judicial interpuesto por el periodista peruano Benjamin Saldana Roca en el ano 1907 esta caducado, segun la 'voz del pueblo' los expedientes que descansaban en los archivos del poder judicial de Loreto fueron incinerados en la revuelta social contra el ex presidente Fujimori en el ano 1998.

Se debe declarar como principio de vida digna la indemnizacion y reconciliacion entre el sistema economico - politico vigente (Estado) y los sobrevivientes de la masacre (pueblos indigenas) perpetrado por el sistema economico - politico vigente. Cuya indemnizacion constituye una decision del estado orientado a reducir la pobreza y mejorar la autoestima de los pueblos de una forma programada y efectiva. Cuya reconciliacion no es si no la determinacion para reconocer la complicidad y jurar no volver al pasado.

Como para mantener el debate en alto, y generando la controversia respectiva, el dirigente aprista loretano Moisés Panduro, en un artículo polítically incorrect, publicado el día de hoy con el título de "Arana, el Patriota", pondera más bien las virtudes del cauchero en mención:

Para el lector que ha leído la novela “Jaque al Barón” de Richard Collier o “El Proceso del Putumayo” de Carlos A. Valcárcel, o escuchó la disertación de algún intelectual sobre los crímenes denunciados hace 100 años por el periodista Benjamín Saldaña Roca contra la empresa gomera de Julio César Arana, y que cree en las medias verdades a las que nos han acostumbrado en este tema, debe sonar a herejía el título de este artículo. Decir que Julio César Arana –el personaje principal y recurrido de la historia de esos crímenes- fue un patriota no encaja en el molde interpretativo en el que estamos aprisionados tras el discurso rutinario que año tras año hemos oído de antropólogos, abogados, historiadores, escritores, profesores, políticos y periodistas que cada cual a su modo nos han afirmado que el riojano –que empezó su carrera empresarial vendiendo sombreros de Panamá- ha sido un genocida, un ser despreciable, demoníaco e indigno que, por lo menos, una de las calles importantes de Iquitos lleve su nombre y apellido.

La discusión que planteo aquí no es si hubo o no genocidio, sino si el peruano Julio César Arana –hacia quien han apuntado siempre los dedos acusadores- es o no responsable de esos nefastos actos. Hasta el momento que esto escribo, no se han encontrado evidencias que prueben esa supuesta vocación criminal, acción criminal o criminalidad que se le ha atribuido.

Sí es cierto que el modelo de producción predominante en ese entonces y el tipo de organización que asumieron las empresas gomeras generó el marco propicio para que se produjeran esas graves violaciones de derechos humanos. Según señala Andrew Gray en la presentación del libro “La Defensa de los Caucheros”, la economía cauchera fue una mezcla de extractivismo y libre mercado, es decir extraer todo cuánto se pueda para atender la creciente demanda de los centros de transformación, por un lado, y, por otro lado, reducir costos de mano de obra y al mismo tiempo incrementar la producción de la materia prima para aumentar la ganancia. Esa es la lógica extractivo-mercantilista de hace 100 años, y lo alarmante es que esa combinación se mantiene intacta y asolapada en nuestros días con otros recursos de la biodiversidad amazónica y en las distintas actividades económicas. En cuanto al tipo de organización, las empresas gomeras tenían una estructura arborizada que corresponden al esquema funcional diseñado por Taylor en 1903. Los jefes de sección (el cuarto nivel en la estructura) ganaban comisiones según el volumen de sus envíos de caucho, y fueron algunos de éstos, los que ganados por la voracidad de la ganancia fácil y rápida cayeron en la vileza de las atrocidades y crímenes cometidos, que luego le fueron endilgados a Julio C. Arana.

Los registros de los hechos posteriores a la denuncia de 1907, –y lo reconoce el mismo Rómulo Paredes uno de los principales acusadores- indican que a partir de ese año la situación cambió progresiva y sustancialmente. Claro, nosotros juzgamos a Arana la demora en corregir la situación mirándolo desde el tiempo presente en que el Presidente de Directorio o el Gerente de una empresa tiene teléfonos satelitales, fax, sistemas de posicionamiento global, servicios de aviación, tecnología de caminos y otras facilidades logísticas que le permitirían conocer al instante las irregularidades que se producirían en los centros de explotación. Pero estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando no era posible ni siquiera la comunicación radiográfica con esas lejanas zonas y un vapor tardaba cerca de dos meses entre ir y venir del área donde se encontraban los almacenes, porque como hemos visto la explotación del caucho y por ende, el maltrato al indígena se daba tierra adentro a donde se llegaba por difíciles caminos y luego de varios días de penoso caminar.

Hasta aquí apenas hemos referido, y brevemente, el factor económico de los sucesos del Putumayo. Insisto en que hay que reexaminar la historia. Y para ello hay que profundizar en otros aspectos: los chantajes periodísticos que nos pueden ayudar a conocer un poco más acerca de las reales motivaciones de la denuncia de Benjamín Saldaña –propietario de los periódicos La Felpa y La Sanción-; las complejas personalidades de los autores de los informes que se enviaron a Londres (Róger Casement, el cónsul inglés que murió colgado por la justicia de su país al ser descubierto como espía alemán y William Hardenburg un inescrupuloso aventurero norteamericano que ofrecía al mejor postor las declaraciones juradas que incriminaban a la compañía de Arana), pasando por los jueces del proceso Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, integrantes del grupo de foráneos denominado La Cueva.

Como vemos, la polémica en cuanto a este tema se encuentra asegurada.

Link: El manifiesto sobre los crímenes del Putumayo