La libertad de expresión está amenazada en Loreto. Inconscientemente (quiero creer eso). Hasta de modo ingenuo y candoroso, probablemente. Pero la censura y la mordaza ya empiezan a mostrar sus fauces dentadas, listas para prenderse del cuello de la prensa independiente y democrática y maniatarla a su antojo o, por lo menos, neutralizar su papel fiscalizador.
Evidentemente, no es una exageración decir que las actitudes del alcalde Juan Carlos del Águila y del congresista Jorge Mera entrañan una preocupante disposición a la censura de los medios a los que interpusieron sendas cartas notariales (los diarios Pro & Contra y Crónicas, respectivamente). Ambas autoridades se quejan por supuestas afectaciones al honor y dignidad personal y personalizan las denuncias en las personas de los periodistas y directores de dichos medios, Jaime Vásquez y Hercilia Del Águila.
Es verdad que hay elementos subjetivos que ameritan un debate muy importante en el seno de la propia prensa loretana, la cual muchas veces está inundada de un pretendido seudopoder que no debería poseer, no por lo menos sin usarlo bajo los límites de la responsabilidad, certeza y pertinencia de la información que maneja y difunde. Y la autocrítica en esta ocasión es bastante larga y voluminosa. La prensa loretana ha sido y es demasiado arbitraria, autosuficiente pero a la vez poco instruida, bastante irresponsable con ciertos temas sensibles al honor y la dignidad personal (baste, por ejemplo, recordar los casos de la cobertura del caso del regidor Zumaeta y el uso de niños y temas escabrosos en las portadas), así como experta en la adjetivación fácil y callejonera pero poco permeable a la rectificación proporcional e instantánea. Muchas veces se ha deformado el principio básico de toda prensa plausible, pues en vez de ir en la búsqueda de la verdad, se cree poseedora de ella sin haber hecho mucho por ubicarla y aprehenderla. Es un tema que el propio gremio periodístico deberá analizar
Sin embargo, nada de ello admite que se usen pretextos, inadmisibles en el plano legal e informativo, para amenazar con acciones mayores contra los diarios antes mencionados. Porque se confunde absolutamente los planos de acción y se le da un carácter mucho más importante del que tienen en el sistema jurídico a las sensibilidades particulares.
Según Human Rights Watch, el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. En ese sentido, la libertad de expresión tiene sus propios límites. La prensa tiene parámetros para no abusar de su derecho. Pero las autoridades y personajes públicos no pueden usar una interpretación muy personal y sesgada de dichos parámetros para recortar el derecho de informar y la expresión subjetiva y sin cortapisas del periodismo.
Y, claro, aunque a estas alturas de la vida reiterarla resulte una perogrullada, hay una gran diferencia entre información y opinión. Esta última, como señala un fallo del Octavo Juzgado Especial en lo Penal de la Corte Superior de Lima sobre el pedido de “apertura de investigación” del congresista oficialista Jorge Mufarech contra la periodista Cecilia Valenzuela, por presuntos delitos contra el honor, “son críticas, comentarios, alusiones indirectas (que) en una sociedad democrática no son perseguibles penalmente y, pese a pueden ser moralmente objeto de rechazo, legalmente deben ser toleradas (...)”. Si Pro & Contra y Crónicas (o sus periodistas o columnistas) deciden emitir una opinión, ésta será amparada bajo ese mandato constitucional y legal, claro está con las responsabilidades que corresponden a la seguridad del honor y la buena reputación y asuntos contingentes que a nadie deben interesarles más que al propio individuo (como la situación conyugal o la preferencia sexual o religiosa, por ejemplo).
Quien se sienta afectado por informaciones inexactas o agraviantes tiene el derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún momento, la ley autoriza al individuo afectado a saltarse desproporcionadamente esta valla y lanzarse de frente a un proceso legal, salvo que el medio sea tan rebelde en la persistencia en la noticia falsa que obligue a dicha actitud. Pero eso se refiere a noticias o hechos falsos, a atribuciones falsas y maliciosas, mas no a opiniones, como las que en esta oportunidad han efectuado tanto Vásquez como el editorial del diario Crónicas.
No existe delito de opinión e ilícitos como éste en una sociedad civilizada y en tribunales imparciales –sean judiciales o de cualquiera otra índole-, se deben probar y sobre la base de pruebas objetivas e indubitables. La carta notarial del Alcalde Del Águila – cuya opinión que tengo de él es diferente de la que tiene Jaime Vásquez – indica que los comentarios del periodista y/o Pro & Contra "han sobrepasado los límites de tolerancia". Probablemente sea cierto que haya algún tipo de quiebre de su límite, pero en algo se equivoca el burgomaestre: la tolerancia es un asunto subjetivo, personal y que nadie tiene el monopolio de su difusión. Cuando entramos al terreno legal, quien fija los límites son la Constitución y el Código Penal. No las autoridades, por más poderosas que se sientan circunstancialmente.
Creo firmemente que la libertad de expresión tiene límites. Los límites se los coloca el medio y la línea editorial. La dignidad de las personas es un bien invaluable y el periodismo debe ser muy responsable en el tratamiento de ella. Pero una cosa es endilgar cosas falsas a alguien y otra, muy diferente, opinar por hechos específicos vinculados a la actuación pública de un personaje público o informar sobre actos que vinculan a hechos de función o manejo de o fondos públicos y privados en forma poco clara e irregular. No entender ello es decantarse por el autoritarismo y a la vez sentar un peligroso precedente que podría terminar parametrando a la prensa libre y negándole al pueblo un derecho que no sólo la ley impone, sino también la verdad, la justicia y el sentido común. Tengámoslo en cuenta.
Evidentemente, no es una exageración decir que las actitudes del alcalde Juan Carlos del Águila y del congresista Jorge Mera entrañan una preocupante disposición a la censura de los medios a los que interpusieron sendas cartas notariales (los diarios Pro & Contra y Crónicas, respectivamente). Ambas autoridades se quejan por supuestas afectaciones al honor y dignidad personal y personalizan las denuncias en las personas de los periodistas y directores de dichos medios, Jaime Vásquez y Hercilia Del Águila.
Es verdad que hay elementos subjetivos que ameritan un debate muy importante en el seno de la propia prensa loretana, la cual muchas veces está inundada de un pretendido seudopoder que no debería poseer, no por lo menos sin usarlo bajo los límites de la responsabilidad, certeza y pertinencia de la información que maneja y difunde. Y la autocrítica en esta ocasión es bastante larga y voluminosa. La prensa loretana ha sido y es demasiado arbitraria, autosuficiente pero a la vez poco instruida, bastante irresponsable con ciertos temas sensibles al honor y la dignidad personal (baste, por ejemplo, recordar los casos de la cobertura del caso del regidor Zumaeta y el uso de niños y temas escabrosos en las portadas), así como experta en la adjetivación fácil y callejonera pero poco permeable a la rectificación proporcional e instantánea. Muchas veces se ha deformado el principio básico de toda prensa plausible, pues en vez de ir en la búsqueda de la verdad, se cree poseedora de ella sin haber hecho mucho por ubicarla y aprehenderla. Es un tema que el propio gremio periodístico deberá analizar
Sin embargo, nada de ello admite que se usen pretextos, inadmisibles en el plano legal e informativo, para amenazar con acciones mayores contra los diarios antes mencionados. Porque se confunde absolutamente los planos de acción y se le da un carácter mucho más importante del que tienen en el sistema jurídico a las sensibilidades particulares.
Según Human Rights Watch, el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. En ese sentido, la libertad de expresión tiene sus propios límites. La prensa tiene parámetros para no abusar de su derecho. Pero las autoridades y personajes públicos no pueden usar una interpretación muy personal y sesgada de dichos parámetros para recortar el derecho de informar y la expresión subjetiva y sin cortapisas del periodismo.
Y, claro, aunque a estas alturas de la vida reiterarla resulte una perogrullada, hay una gran diferencia entre información y opinión. Esta última, como señala un fallo del Octavo Juzgado Especial en lo Penal de la Corte Superior de Lima sobre el pedido de “apertura de investigación” del congresista oficialista Jorge Mufarech contra la periodista Cecilia Valenzuela, por presuntos delitos contra el honor, “son críticas, comentarios, alusiones indirectas (que) en una sociedad democrática no son perseguibles penalmente y, pese a pueden ser moralmente objeto de rechazo, legalmente deben ser toleradas (...)”. Si Pro & Contra y Crónicas (o sus periodistas o columnistas) deciden emitir una opinión, ésta será amparada bajo ese mandato constitucional y legal, claro está con las responsabilidades que corresponden a la seguridad del honor y la buena reputación y asuntos contingentes que a nadie deben interesarles más que al propio individuo (como la situación conyugal o la preferencia sexual o religiosa, por ejemplo).
Quien se sienta afectado por informaciones inexactas o agraviantes tiene el derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún momento, la ley autoriza al individuo afectado a saltarse desproporcionadamente esta valla y lanzarse de frente a un proceso legal, salvo que el medio sea tan rebelde en la persistencia en la noticia falsa que obligue a dicha actitud. Pero eso se refiere a noticias o hechos falsos, a atribuciones falsas y maliciosas, mas no a opiniones, como las que en esta oportunidad han efectuado tanto Vásquez como el editorial del diario Crónicas.
No existe delito de opinión e ilícitos como éste en una sociedad civilizada y en tribunales imparciales –sean judiciales o de cualquiera otra índole-, se deben probar y sobre la base de pruebas objetivas e indubitables. La carta notarial del Alcalde Del Águila – cuya opinión que tengo de él es diferente de la que tiene Jaime Vásquez – indica que los comentarios del periodista y/o Pro & Contra "han sobrepasado los límites de tolerancia". Probablemente sea cierto que haya algún tipo de quiebre de su límite, pero en algo se equivoca el burgomaestre: la tolerancia es un asunto subjetivo, personal y que nadie tiene el monopolio de su difusión. Cuando entramos al terreno legal, quien fija los límites son la Constitución y el Código Penal. No las autoridades, por más poderosas que se sientan circunstancialmente.
Creo firmemente que la libertad de expresión tiene límites. Los límites se los coloca el medio y la línea editorial. La dignidad de las personas es un bien invaluable y el periodismo debe ser muy responsable en el tratamiento de ella. Pero una cosa es endilgar cosas falsas a alguien y otra, muy diferente, opinar por hechos específicos vinculados a la actuación pública de un personaje público o informar sobre actos que vinculan a hechos de función o manejo de o fondos públicos y privados en forma poco clara e irregular. No entender ello es decantarse por el autoritarismo y a la vez sentar un peligroso precedente que podría terminar parametrando a la prensa libre y negándole al pueblo un derecho que no sólo la ley impone, sino también la verdad, la justicia y el sentido común. Tengámoslo en cuenta.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario