Es muy poco probable que el proyecto de ley de exoneración del IGV a los pasajes aéreos hacia Iquitos, planteada por Alan García en su mensaje de asunción de mando (la cual costará al fisco 6 millones de dólares), vaya a tener un resultado feliz. El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Martín Pérez, ha señalado que la mediad no prosperará debido a que el MEF “ha establecido un compromiso de abstenerse de aprobar más exoneraciones de este tipo”. Y es el propio MEF, cuyo titular, Luis Carranza, sustentó dicho proyecto a favor, es el mismo que, indirectamente, le ha bajado el dedo. En otras palabras, el gobierno ha decidido no hacer demasiado bulla sobre el tema, encarpetándolo hasta buscar otra medida de calibre que pueda manipular en su beneficio.
En realidad, la propuesta, cuya justificación es que se trata de una zona alejada y casi aislada del resto del país, lo que dificulta el tránsito de personas, no es ajena en absoluto de las clásicas decisiones populistas, poco razonadas, que pretenden entregar un paliativo temporal, sin fijarse en el costo económico que a mediano y largo plazo causarán a quien precisamente pretenden apoyar. Es cierto, la dación de leyes de este tipo intentan crear una baranda que equipare las eventuales inequidades generadas por la intrínseca naturaleza de las cosas (un equivalente a lo que en derecho laboral se denomina “derecho desigual igualatorio”). Pero, al final, el subsidio es asumido por los propios contribuyentes, que pagan por privilegiar a un pequeño grupo o colectivo, pero que no son vitales en la generación de desarrollo y condiciones productivas de ese mismo sector.
A pesar del ímpetu de Augusto Vargas y los buenos oficios de Mario Peña (¿dónde están Víctor Isla o César Zumaeta?) para persuadir a sus colegas parlamentarios, el proyecto de ley carece de un argumento contundente económico o técnico: sólo generalidades, reproches al Estado, citas sobre el aislamiento vial y el encarecimiento de productos de primera necesidad (toda válidas, las cuales además han sacado a relucir la clamorosa ausencia de una política de reactivación por parte del aprismo), los cuales, no tienen, sin embargo, condición de argumento sine qua non. Lo mismo podrían argumentar mañana los habitantes de Tarapoto, Madre de Dios o Bagua, con total - y justificado – derecho.
Vivir dentro de una realidad de indiferencia del Estado ha sido una constante dentro del relato histórico de nuestras variadas desventuras. Pero medidas como ésta, mucho me temo, inconscientemente, alientan el mercantilismo y la inactividad. Ni inversión ni generación de empleo se materializaron, tampoco disminuyeron los niveles de pobreza en función a la creación de exoneraciones (y un caso famoso es el de la Ley de Inversiones en la Amazonía). Además, el Estado perderá el 2007 en este rubro cerca de S./ 6,587 millones, los cuales pudieran ser invertidos en proyectos integrales de desarrollo nacional y regional. Las exoneraciones han elevado los costos tributarios y han reducido la recaudación; han distorsionado la asignación real de recursos otorgando rentabilidad artificial a negocios ineficientes e industrias no competitivas; han creado mercados negros y han propiciado situaciones de corrupción, elusión y evasión tributaria. En suma, no han servido para promover los fines específicos para los que fueron creadas.
Claro, seis millones de dólares parecen poco ante la avalancha de dinero anterior y sería saludable que se aprobara un subsidio de este tipo a Loreto, pero igual la solicitarían con otros lugares del país casi a gritos; y actualmente, el Estado peruano no está para ser mamadera de nadie, ni de los grandes mineros o los bancos que impunemente reciben estas prebendas del neoderechismo aprista, ni la clase media loretana a quien se pretende beneficiar con este pequeño incentivo. Lo que García ha hecho es mentir una vez más, demagógicamente, demostrando una vez más que poco le importan los pasajes aéreos o el verdadero desarrollo de la Selva. El presidente busca exonerarse de la realidad, con tal de mantener el poder absoluto en que parece flotar ahora, ensoberbecido, irresponsable, ególatra...
En realidad, la propuesta, cuya justificación es que se trata de una zona alejada y casi aislada del resto del país, lo que dificulta el tránsito de personas, no es ajena en absoluto de las clásicas decisiones populistas, poco razonadas, que pretenden entregar un paliativo temporal, sin fijarse en el costo económico que a mediano y largo plazo causarán a quien precisamente pretenden apoyar. Es cierto, la dación de leyes de este tipo intentan crear una baranda que equipare las eventuales inequidades generadas por la intrínseca naturaleza de las cosas (un equivalente a lo que en derecho laboral se denomina “derecho desigual igualatorio”). Pero, al final, el subsidio es asumido por los propios contribuyentes, que pagan por privilegiar a un pequeño grupo o colectivo, pero que no son vitales en la generación de desarrollo y condiciones productivas de ese mismo sector.
A pesar del ímpetu de Augusto Vargas y los buenos oficios de Mario Peña (¿dónde están Víctor Isla o César Zumaeta?) para persuadir a sus colegas parlamentarios, el proyecto de ley carece de un argumento contundente económico o técnico: sólo generalidades, reproches al Estado, citas sobre el aislamiento vial y el encarecimiento de productos de primera necesidad (toda válidas, las cuales además han sacado a relucir la clamorosa ausencia de una política de reactivación por parte del aprismo), los cuales, no tienen, sin embargo, condición de argumento sine qua non. Lo mismo podrían argumentar mañana los habitantes de Tarapoto, Madre de Dios o Bagua, con total - y justificado – derecho.
Vivir dentro de una realidad de indiferencia del Estado ha sido una constante dentro del relato histórico de nuestras variadas desventuras. Pero medidas como ésta, mucho me temo, inconscientemente, alientan el mercantilismo y la inactividad. Ni inversión ni generación de empleo se materializaron, tampoco disminuyeron los niveles de pobreza en función a la creación de exoneraciones (y un caso famoso es el de la Ley de Inversiones en la Amazonía). Además, el Estado perderá el 2007 en este rubro cerca de S./ 6,587 millones, los cuales pudieran ser invertidos en proyectos integrales de desarrollo nacional y regional. Las exoneraciones han elevado los costos tributarios y han reducido la recaudación; han distorsionado la asignación real de recursos otorgando rentabilidad artificial a negocios ineficientes e industrias no competitivas; han creado mercados negros y han propiciado situaciones de corrupción, elusión y evasión tributaria. En suma, no han servido para promover los fines específicos para los que fueron creadas.
Claro, seis millones de dólares parecen poco ante la avalancha de dinero anterior y sería saludable que se aprobara un subsidio de este tipo a Loreto, pero igual la solicitarían con otros lugares del país casi a gritos; y actualmente, el Estado peruano no está para ser mamadera de nadie, ni de los grandes mineros o los bancos que impunemente reciben estas prebendas del neoderechismo aprista, ni la clase media loretana a quien se pretende beneficiar con este pequeño incentivo. Lo que García ha hecho es mentir una vez más, demagógicamente, demostrando una vez más que poco le importan los pasajes aéreos o el verdadero desarrollo de la Selva. El presidente busca exonerarse de la realidad, con tal de mantener el poder absoluto en que parece flotar ahora, ensoberbecido, irresponsable, ególatra...
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