La Defensoría del Pueblo registró la existencia de 75 conflictos sociales de distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, durante el mes de febrero último. Igual número de conflictos fue contabilizado durante el mes de enero, según lo detallan los Informes sobre Conflictos Sociales Nº 23 y Nº 24, correspondientes a los dos primeros meses del año.
En ese sentido, la región Loreto es la que registra el mayor número de conflictos latentes y reales en el Perú, con más de 11 casos de ciudades y comunidades (10 de los cuales son aún latentes y vienes de tiempos y meses pasados).
Hasta fines de febrero se registraron 75 conflictos de distinta intensidad entre la población, las autoridades y empresas, de los cuales apenas uno solo ha podido solucionarse en la localidad de Oxapampa (Cerro de Pasco) por una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos en una institución pública educativa.
El principal motivo de los conflictos continúa siendo el cuestionamiento al desempeño de funcionarios, principalmente de alcaldes provinciales y distritales, al punto que representa el 49% de quejas reportadas en este nuevo informe de la Defensoría. Las demás denuncias corresponden a temas ambientales (17%), disputas entre comunidades (17%) y demandas gremiales (10%).
Hasta el momento, el 89% de los conflictos permanecen latentes y siete activos (9%) en los departamentos de Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, Puno y San Martín.
El 72% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (54). Según el nivel de pobreza de su población, 68 conflictos (91%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.
El reporte, con información actualizada al 28 de febrero, señala que, del total de conflictos registrados, siete permanecen activos (9%), 67 se encuentran en estado latente (89%) y uno ha sido resuelto durante el mes de enero (2%).
Durante el mes de febrero se dio cuenta del cuestionamiento a 105 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 38% de estas autoridades está integrado por Alcaldes Provinciales y Distritales. Si a ello se suman otros funcionarios municipales, la proporción se eleva a 48%. Otras entidades cuestionadas son: empresas extractivas (14%), Poder Judicial (7%), dependencias del Ministerio de Agricultura (3%), Gobiernos Regionales (5%).
Similar situación se registró durante el mes de enero, según el Informe Nº23. De los 75 conflictos detectados, siete permanecen activos (9%), 66 se encuentran en estado latente (88%) y dos han sido resueltos durante el mes de diciembre (3%). Del total de conflictos incluidos en este reporte, cinco se iniciaron en el 2006 (7%), 30 se iniciaron en el 2005 (40%), otros 33 se iniciaron en el 2004 (44%), y siete se iniciaron en el año 2003 o antes (9%).
En ese sentido, la región Loreto es la que registra el mayor número de conflictos latentes y reales en el Perú, con más de 11 casos de ciudades y comunidades (10 de los cuales son aún latentes y vienes de tiempos y meses pasados).
Hasta fines de febrero se registraron 75 conflictos de distinta intensidad entre la población, las autoridades y empresas, de los cuales apenas uno solo ha podido solucionarse en la localidad de Oxapampa (Cerro de Pasco) por una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos en una institución pública educativa.
El principal motivo de los conflictos continúa siendo el cuestionamiento al desempeño de funcionarios, principalmente de alcaldes provinciales y distritales, al punto que representa el 49% de quejas reportadas en este nuevo informe de la Defensoría. Las demás denuncias corresponden a temas ambientales (17%), disputas entre comunidades (17%) y demandas gremiales (10%).
Hasta el momento, el 89% de los conflictos permanecen latentes y siete activos (9%) en los departamentos de Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, Puno y San Martín.
El 72% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (54). Según el nivel de pobreza de su población, 68 conflictos (91%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.
El reporte, con información actualizada al 28 de febrero, señala que, del total de conflictos registrados, siete permanecen activos (9%), 67 se encuentran en estado latente (89%) y uno ha sido resuelto durante el mes de enero (2%).
Durante el mes de febrero se dio cuenta del cuestionamiento a 105 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 38% de estas autoridades está integrado por Alcaldes Provinciales y Distritales. Si a ello se suman otros funcionarios municipales, la proporción se eleva a 48%. Otras entidades cuestionadas son: empresas extractivas (14%), Poder Judicial (7%), dependencias del Ministerio de Agricultura (3%), Gobiernos Regionales (5%).
Similar situación se registró durante el mes de enero, según el Informe Nº23. De los 75 conflictos detectados, siete permanecen activos (9%), 66 se encuentran en estado latente (88%) y dos han sido resueltos durante el mes de diciembre (3%). Del total de conflictos incluidos en este reporte, cinco se iniciaron en el 2006 (7%), 30 se iniciaron en el 2005 (40%), otros 33 se iniciaron en el 2004 (44%), y siete se iniciaron en el año 2003 o antes (9%).
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