El testimonio de Edilberto Oré en la Audiencia Pública Temática sobre Violencia Política y Comunidades Desplazadas del 12 de diciembre del año 2002, organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, refleja una percepción bastante certera de la percepción de la violencia y la discriminación racial y étnica en el país:
“El Estado aún sigue discriminando y considerando al poblador andino no tan igual como un ciudadano; cuando se produce los bombazos en Tarata y en otros lugares, recién la sociedad se da cuenta que algo pasa en el país; lo que sucedía en el campo bueno pues eran cosas de indios quizás...”
Es reiterativo señalar la existencia de patrones de discriminación profundamente arraigados en nuestra sociedad. Pero no por ello deja de ser importante enfocar problemas como el que abordamos desde una perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. La discriminación conforma un complejo sistema interrelacionado que actúa restando derechos a las personas afectadas o bloqueándoles las posibilidades de reclamo. Los cambios jurídicos tienen poca incidencia para alterar la realidad porque no se integran en políticas de mayor alcance (...) La comprensión de los fenómenos discriminatorios está condicionada al entendimiento de lo que sucede en determinado momento histórico.
María Isabel Remy señaló hace poco que en el Perú no parece posible hablar de movimientos indígenas, aunque sí de una agenda de problemas étnicos pendiente de solución. Esto es particularmente cierto en las comunidades andinas (aymara y quechua), mucho más en el asunto de la Sierra Sur.
Una de las verdades más importantes que ha espetado la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final es aquella relativa al racismo y la discriminación en nuestro país. La conclusión 9 del Informe Final de la CVR es bastante escueta a este respecto: “se ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República”.
La CVR también ha constatado que durante la guerra interna contra el terrorismo existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de violencia. En su conclusión 5, señala que se “ (..) ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias”.
Así mismo, en su conclusión número 6, la CVR indica que “ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno”.
Lo ocurrido ha conducido a gente, como el ex rector de la Universidad Católica y Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a creer que vivimos, todavía, en un país en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello. La población quechua y aymara, como sabemos, representa a uno de cada cinco peruanos Se trata, como sabemos los peruanos, de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica persistentes en la sociedad peruana, pero poco han hecho las autoridades del Estado o los ciudadanos corrientes para combatirla con clara evidencia. Y ello también incluye actos de desdén u olvido generalizado que tienden a darse por parte del Estado y por la sociedad urbana, aquella que en los hechos y por concepción histórica ha disfrutado de los beneficios de nuestra comunidad política.
El historiador Jorge Basadre señalaba que el dinero ni la ilustración dictan el poder de las personas o las instituciones si van acompañados por “el egoísmo, la dejadez, la cobardía o, entre nosotros, el desprecio tradicional al cholo barato y al indio estúpido”. Repetía así mismo lo siguiente: “ ‘Los puntapiés se hicieron para el indio’. ‘Bestia: te llaman indio’, escribió sardónicamente el gran poeta puneño Gamaliel Churata; y es necesario eliminar los motivos para que sean escritas frases como las que acabo de mencionar”.
No debemos olvidar que la CVR ha señalado que en el sur del departamento de Puno (provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo), se iniciaron las actividades subversivas y que la región tiene una fuerte presencia de comunidades campesinas, con una población campesina predominantemente aymara. A diferencia de las provincias del norte, la presencia de empresas asociativas producto de la reforma agraria del general Velasco no fue significativa.
Javier Ciurlizza ha señalado que existen fallas tectónicas en nuestro sistema democrático, las cuales, por su parte, han conducido a crisis cíclicas, una de las cuáles la vivimos hoy. La democracia representativa no responde a las inquietudes sociales no porque el modelo sea malo sino porque la materia prima es escasa, para arriba y para abajo. El constitucionalismo peruano adolece de las fortalezas necesarias para incorporar ciudadanos, en términos de mejores derechos para todos. En este escenario, la discriminación (especialmente la étnica) agrega nuevos obstáculos al desarrollo institucional.
El Perú, lamentablemente, sigue siendo un país donde se practica un racismo que, si bien no es desembozado, penetra en nuestros esquemas mentales y se aloja en ellos a veces en forma perenne y desconcertante. Es necesario más bien analizar de qué modo se manifiesta este racismo (el cual puede tomar varios nombres que en estos momentos se pueden convertir en sinónimos, como “indiferencia” “olvido” “desdén” “apatía” “discriminación”) y dilucidarlo y debatirlo, aún con el riesgo de que se reabran viejas heridas y viejos y delicados capítulos de nuestra sociedad y nuestra Nación. Este es un tema pendiente en la agenda política nacional.
“El Estado aún sigue discriminando y considerando al poblador andino no tan igual como un ciudadano; cuando se produce los bombazos en Tarata y en otros lugares, recién la sociedad se da cuenta que algo pasa en el país; lo que sucedía en el campo bueno pues eran cosas de indios quizás...”
Es reiterativo señalar la existencia de patrones de discriminación profundamente arraigados en nuestra sociedad. Pero no por ello deja de ser importante enfocar problemas como el que abordamos desde una perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. La discriminación conforma un complejo sistema interrelacionado que actúa restando derechos a las personas afectadas o bloqueándoles las posibilidades de reclamo. Los cambios jurídicos tienen poca incidencia para alterar la realidad porque no se integran en políticas de mayor alcance (...) La comprensión de los fenómenos discriminatorios está condicionada al entendimiento de lo que sucede en determinado momento histórico.
María Isabel Remy señaló hace poco que en el Perú no parece posible hablar de movimientos indígenas, aunque sí de una agenda de problemas étnicos pendiente de solución. Esto es particularmente cierto en las comunidades andinas (aymara y quechua), mucho más en el asunto de la Sierra Sur.
Una de las verdades más importantes que ha espetado la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final es aquella relativa al racismo y la discriminación en nuestro país. La conclusión 9 del Informe Final de la CVR es bastante escueta a este respecto: “se ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República”.
La CVR también ha constatado que durante la guerra interna contra el terrorismo existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de violencia. En su conclusión 5, señala que se “ (..) ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias”.
Así mismo, en su conclusión número 6, la CVR indica que “ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno”.
Lo ocurrido ha conducido a gente, como el ex rector de la Universidad Católica y Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a creer que vivimos, todavía, en un país en el que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello. La población quechua y aymara, como sabemos, representa a uno de cada cinco peruanos Se trata, como sabemos los peruanos, de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica persistentes en la sociedad peruana, pero poco han hecho las autoridades del Estado o los ciudadanos corrientes para combatirla con clara evidencia. Y ello también incluye actos de desdén u olvido generalizado que tienden a darse por parte del Estado y por la sociedad urbana, aquella que en los hechos y por concepción histórica ha disfrutado de los beneficios de nuestra comunidad política.
El historiador Jorge Basadre señalaba que el dinero ni la ilustración dictan el poder de las personas o las instituciones si van acompañados por “el egoísmo, la dejadez, la cobardía o, entre nosotros, el desprecio tradicional al cholo barato y al indio estúpido”. Repetía así mismo lo siguiente: “ ‘Los puntapiés se hicieron para el indio’. ‘Bestia: te llaman indio’, escribió sardónicamente el gran poeta puneño Gamaliel Churata; y es necesario eliminar los motivos para que sean escritas frases como las que acabo de mencionar”.
No debemos olvidar que la CVR ha señalado que en el sur del departamento de Puno (provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo), se iniciaron las actividades subversivas y que la región tiene una fuerte presencia de comunidades campesinas, con una población campesina predominantemente aymara. A diferencia de las provincias del norte, la presencia de empresas asociativas producto de la reforma agraria del general Velasco no fue significativa.
Javier Ciurlizza ha señalado que existen fallas tectónicas en nuestro sistema democrático, las cuales, por su parte, han conducido a crisis cíclicas, una de las cuáles la vivimos hoy. La democracia representativa no responde a las inquietudes sociales no porque el modelo sea malo sino porque la materia prima es escasa, para arriba y para abajo. El constitucionalismo peruano adolece de las fortalezas necesarias para incorporar ciudadanos, en términos de mejores derechos para todos. En este escenario, la discriminación (especialmente la étnica) agrega nuevos obstáculos al desarrollo institucional.
El Perú, lamentablemente, sigue siendo un país donde se practica un racismo que, si bien no es desembozado, penetra en nuestros esquemas mentales y se aloja en ellos a veces en forma perenne y desconcertante. Es necesario más bien analizar de qué modo se manifiesta este racismo (el cual puede tomar varios nombres que en estos momentos se pueden convertir en sinónimos, como “indiferencia” “olvido” “desdén” “apatía” “discriminación”) y dilucidarlo y debatirlo, aún con el riesgo de que se reabran viejas heridas y viejos y delicados capítulos de nuestra sociedad y nuestra Nación. Este es un tema pendiente en la agenda política nacional.
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