29 setiembre 2007

LA CENSURA A ALVA CASTRO Y EL EJEMPLO ROSPIGLIOSI

Pd: Esta nota fue originalmente publicada en mayo de 2004 en el semanario Kanatari , en plena efervecencia de coyuntura en la que se había consumado la censura al entonces ministro del Interior del gobierno toledista, Fernando Rospigliosi, por los trágicos sucesos de Ilave, el linchamiento del alcalde de la zona, Cirilo Robles, cuando yo aún trabajaba en el Congreso de la República. Creo que, ante las notas que han publicado Marco Sifuentes, Guille Da Maus y Juan Sheput en estos momentos en que el premier Jorge Del Castillo indica que quienes propugnan la censura del actual ministro Luis Alva Castro son "irresponsables", es importante revivar un poco la historia completa de su participación en este complot para debilitar al anterior régimen, por actitudes que, como veremos, excedían ampliamente el ámbito de responsabilidad funcional y aún política del entonces ministro Rospigliosi.




Ilave: ¿Ahora le toca a Toledo? (Tragicomedia aprista en tres actos)

I

Aquél 26 de abril, Cirilo Fernando Robles Callomamani, alcalde provincial de El Collao-Ilave, fue asesinado brutalmente, en medio de las más absolutas muestras de ira popular desencadenada y enmascarada, las cuales por un momento fueron excusa perfecta para que se pensara en otra escenificación del viejo y conocido drama Fuenteovejuna, en pleno siglo XXI y en una capital de provincia de una región importante del país.

Varias comitivas integradas por representantes de la Defensoría del Pueblo, del Gobierno Regional de Puno, la Vicaría de Juli, entre otras, fueron rechazadas por los manifestantes que demandaban la salida del alcalde, durante las semanas previas a la muerte de Robles, quienes se encontraban en paro desde el día dos de abril, en protesta por los presuntos malos manejos cometidos por la gestión de Robles, de quien solicitaban su inmediata revocatoria. Se había bloqueado la carretera y se había conformado piquetes permanentes alrededor de los puntos neurálgicos, que amanecían frente al Palacio Municipal, y en la noche se guarecían del frío con trago y hojas de coca. Las radios principales de la ciudad subvertían el orden mandando a “hacer justicia por su propia mano”.

La consigna de los cerca de doce mil pobladores que salieron ese día a las calles era evidente: “matar al ‘ladrón y traidor’ del Cirilo”. A Robles lo sacaron a la fuerza del domicilio de su hermano, lo apalearon como a res en matadero, sus bienes y enseres fueron destrozados y quemados, llevado a rastras por todo el pueblo, entre los gritos, golpes, palazos y pedradas de los enfurecidos ilaveños, obligado a permanecer en la Plaza de Armas bajo el inclemente sol, sin ayuda y con pérdida abundante de sangre, obligado a pedir perdón y desplomarse en la azotea del municipio. Allí murió. Sus despojos fueron abandonados debajo del Puente Viejo. Inmediatamente, Ilave se convirtió en tierra de nadie. La comisaría, donde se apertrechaban unos treinta efectivos de la PNP era cercada por más de cinco mil pobladores, quienes no iban a permitir que se auxiliara a Robles.

Ese día, Ilave también se murió un poco. Fue una larga agonía.

Inmediatamente el horror se fue generalizando en diversos puntos del país. En Puno se daban en Ayaviri y Tilali. En Loreto se producían hechos gravosos en Lagunas (con un saldo de más de 30 heridos), Trompeteros (con una revuelta de los Apus) y en Santa María de Alto Amazonas (donde la comunidad aguaruna llegó al extremo de secuestrar al burgomaestre). En Lambayeque, Ancash y Ucayali se repetían de igual modo. Al día siguiente, pasado el mediodía, 300 efectivos policiales en cuatro vehículos portatropas, un carro rompe manifestaciones y siete camionetas policiales, llegaron a la zona a fin de restablecer el orden interno.



II

En Lima, el APRA ya iniciaba las gestiones necesarias para traerse abajo al gobierno. Su puntería tenía fija la mira en el Ministro del Interior, a quien acusaban de no haber realizado las acciones necesarias para prevenir la tragedia. En tanto, se formaba un Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre los sucesos, encabezado por Jorge Chávez Sibina, e integrado además por Máximo Mena y Rosa Florián. A la par, una comisión del Ejecutivo presidida por Luis Thais del Consejo Nacional de Descentralización buscaba llegar a buen puerto con sus mediaciones. Luego de producidas las indagaciones preliminares, hay algunas cosas que sería interesante recalcar.

Por ejemplo, la Policía Nacional actuó correctamente al no usar indiscriminadamente la fuerza el día de los sucesos. De no haber sido así, se hubiese producido una verdadera matanza, sobretodo dado que aquel día salieron a las calles. Era una proporción de 100 a 1 en contra de los elementos del orden. En toda la Región Puno no hay más de 300 efectivos PNP, lo cual hubiese sido difícil cubrir las mil plazas que requería el Jefe de la Zona Policial para controlar a los revoltosos.

Además, la hipótesis de que el linchamiento de Cirilo Robles fue un hecho aislado, producto de la incontenible furia de la población contra una autoridad inepta y corrupta se ha ido desbaratando ostensiblemente. El teniente alcalde de Ilave, José Alberto Sandoval, hasta ese momento primer aspirante al sillón municipal, fue detenido junto a otras seis personas, tres regidores y tres pobladores, considerados principales sospechosos del crimen contra Robles Callomamani. Sandoval ha sido considerado el autor intelectual. Entre los detenidos figura Henry Medina, este último dueño de Radio San Miguel de Ilave, denunciada por instigar a la población a cometer el crimen durante la transmisión de sus diferentes programas. En otras palabras, la población fue la coartada para darle a la sangre fría el aroma de tumulto y violencia incontrolable, masiva, colectiva y, por lo tanto, anónima.

La designación de José Alberto Sandoval por parte de Luis Thais, presionado por la población en asamblea popular era innecesaria y fue usurpación de funciones por parte del funcionario, pues el nombramiento de Sandoval no pasó, como exige la ley, por una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso se habrían cometido violaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica del JNE, la Ley de Participación Ciudadana, la propia Constitución, entre otras.

Hubo responsabilidad de los principales estamentos de Gobierno Interior, entre ellos las Prefecturas, la Dirección General del mismo, liderada por Pablo García Tasilla, por no haber previsto todas las alternativas para prever y dotar de una pertinente. La principal responsabilidad recae en este sector, a pesar de las reiteradas solicitudes de apoyo por parte de los prefectos, y a pesar de más de un pedido de solicitud de garantías personales de Cirilo Robles.

Aún no se han probado fehacientemente las acusaciones de malos manejos presuntamente cometidos por el alcalde Robles. Sobre el destino de los ocho millones 300 mil soles del presupuesto municipal del año pasado. Sin embargo, la Contraloría tiene, en todo caso, denuncias contra la gestión de Robles desde setiembre, las cuales no ha realizado el respectivo deslinde. Investigaciones realizadas por la División Policial de Ilave determinaron diversos delitos en la modalidad de concusión, colusión desleal, peculado, malversación de fondos, falsificación de documentos en general, abuso de autoridad y omisión de denuncia. Además, un informe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial El Collao- Ilave estableció que se efectuaron desembolsos indebidos por concepto de reintegros a las remuneraciones de los funcionarios. Fue una inacción que devino en negligencia.

Hubo inacción del Gobierno Regional, por no llevar a cabo las medidas necesarias para el establecimiento de un clima adecuado en la zona; además la Defensoría del Pueblo no atendió a ninguna persona ni tomó las medidas pertinentes para garantizar una mediación adecuada. Por su parte, el gobierno no tomó ninguna medida para garantizar el traslado de fondos necesarios para la construcción de obras y ejecución de obras como el tramo correspondiente de la Carretera Transoceánica, que hubiera requerido el concurso del Ministerio de Transportes.

El Estado, la sociedad civil y la justicia se desmoronaron pesadamente en Puno durante esos macabros acontecimientos.



III

La semana anterior al trágico desenlace, el Pleno del Congreso de la República, en pleno estallido de la revuelta que había puesto en jaque a la zona sur del país, puso a admisión de debate una moción en la que se solicitaba la conformación de un grupo parlamentario que llevara a cabo una labor de mediación y de investigación de los sucesos que hasta el momento se suscitaban (el día jueves 23, el diario La República había publicado un titular que alertaba sobre la gravedad del asunto: “Puno es un polvorín”). A pesar de que ya se tenía una exacta magnitud de la turbamulta, y obviamente la seriedad de los acontecimientos, uno de los que se abstuvo de votar a favor de esta iniciativa (planteada por algunos representantes puneños) fue el aprista Mauricio Mulder.

El jueves 29, luego de producido el sangriento crimen, antes incluso de que el ministro del Interior terminara de explicar al Pleno su informe sobre lo ocurrido, entre las diferentes bancadas circulaba circunspecto y agitado un personaje que trataba de convencer a sus colegas para plegarse a una nueva moción, esta vez de censura contra el titular del sector al que se estaba interpelando en esos momentos. Era Mulder, por seguro encargo y beneplácito de sus compañeros.

Efectivamente, la censura contra Rospigliosi fue manejada como un arma política destinada a desestabilizar al régimen toledista y brindarle réditos a sus gestores. Durante toda la semana, a pesar de que nuevos elementos indiciarios por lo menos hacían generarse algunas razonables dudas respecto de la responsabilidad del censurado ministro, la bancada aprista se obstinó en hacer de este momento una lucha decisiva para asestar una daga mortal contra la yugular de este golpeado gobierno. Sólo que los apristas estaban dispuestos a adueñarse a como dé lugar de todas las armas posibles (y hacerse de las súbitas y temporales lealtades de algún grupo de resentidos y traidores representantes del propio Perú Posible y del FIM). Lo importante para los apristas, como se pudo ver, no era acreditar la responsabilidad exclusiva de Rospigliosi. Algunos congresistas, con la mayor hipocresía del mundo, le reclamaban inacción a un sector que había realizado todos los esfuerzos para tratar de aplacar el desbande (en los que, evidentemente, se cometieron algunos errores, sobre todo las coordinaciones necesarias para llevar a cabo una labor persuasiva para que no se llegara a la aciaga fecha del lunes 26).

Por ejemplo, el congresista del FIM, Gustavo Pacheco (puneño), con una caradurez que asombra, en los diversos foros y ante el Grupo de Trabajo, se desgañitó y llenó la boca gimiendo amor a su pueblo, las responsabilidades de Rospigliosi y su presunta arrogancia, pero no recuerda que fue precisamente el mismo señor que indicó a los pobladores de la zona días antes de la muerte de Cirilo Robles, que él no podía trasladarse a la zona de Ilave porque “tenía cosas más importantes que realizar en su calidad de legislador”. La congresista Paulina Arpasi, presunta representante de los intereses de la población aymara, es muy repudiada por la misma por lo que ellos llaman “la traición de Paulina”, a quien critican que ha usado su cargo para viajar por todo el mundo. Rosa Yanarico, también puneña, no apareció por ningún lado en los días de crisis. Leoncio Torres, peruposibilista, quien ha señalado que no iba a tolerar ninguna presión para votar contra el ex ministro, simplemente recién se apareció por su región, el jueves 29, tres días después de la muerte de Robles y no llegó a Ilave.

Al final del miércoles 5, la suerte de Rospigliosi estaba echada. La vieja clase política y la ceguera del país habían encontrado el chivo expiatorio perfecto para enmascarar y ocultar las culpas compartidas de todos. 62 votos (28 del APRA, 9 de Unidad Nacional, 7 del SAU, 5 del GPDI, 5 de Perú Posible, 3 del FIM, 3 de los No Agrupados y 2 de Perú Ahora) sellaron la derrota política más grave del gobierno de Toledo y desataron la fiesta aprista. En un digno fin de fiesta para esta patética escenificación, la Célula Parlamentaria, eufórica y exaltada gritaba a voz en cuello “Ahora le toca a (Carlos) Ferrero”. En realidad, querían señalar que están muy cerca de sacar a Toledo

Los apristas saben que ahora tienen la sartén por el mango y han sacado a un buen ministro, descalabrando a un gobierno huérfano de apoyo popular e institucional (la decisión de suceder a Rospigliosi por el tonto útil de Javier Reátegui demuestra que Toledo ya no tiene ninguna capacidad de manejo del país) y han vuelto a poner en el tapete el tema de la vacancia presidencial, que favorece al Inepto Contumaz, Alan García. Con tal de ganarse algo para sus huestes, los compañeros son capaces de cualquier cosa. Ya lo demostraron el 68, cuando se trajeron abajo a la democracia. Lo saben hacer muy bien, son expertos en el afinado arte de la traición y el cálculo político, para lo cual no dudan a veces en embadurnarse de generosas dosis de miseria moral.

Ese es el APRA ¿Qué les parece?

Fotos: Caretas

No hay comentarios.: